Actualmente, existe un debate que se desplaza hacía el grave problema de la inseguridad globalizada en México derivado, principalmente, del crimen organizado, que tiene como principales habilitadores el secuestro, la crisis, el transporte, el comercio, la corrupción y el comportamiento antisocial, entre otros, una situación significada por tasas altas en secuestros, violación, lesiones importantes, robo con violencia, extorsión telefónica, homicidios dolosos, etcétera.
Si hablamos de robos con violencia, los realizados en carreteras y ferrocarriles, se han convertido en un gran daño patrimonial a la economía formal. En el transporte por ferrocarril, el año 2013 mantuvo el mismo comportamiento elevado de robos que en años anteriores, cerrando con alrededor de 31.000 toneladas sustraídas
En esta actividad, la delincuencia organizada también ha aplicado como parte de la extorsión el cobro del “derecho de transportación” y ha crecido en forma alarmante el cobro por el “derecho de piso”, lo que ya se puede considerar como un “impuesto adicional” que los empresarios han tenido que contemplar en sus presupuestos habituales.
El tema del secuestro es especialmente grave. Los datos oficiales de México dan 1.700 secuestrados en 2013, cuando los reales, igualmente recopilados de instituciones oficiales, indican que son más de 3.500, y subiendo. Actualmente, en cifras absolutas y relativas por habitantes, México es el primer lugar del mundo en secuestros.
Finalmente, como facilitador de violencia, hay que tener en cuenta que, el 95 por ciento del negocio/consumo de cocaína en EE.UU, pasa a través de México.
En esta actividad, las autoridades gubernamentales presentan un gran número de impedimentos para reducir el delito cibernético y aumentar su seguridad en el país. Uno de ellos es la flagrante falta de legislación que permita a las entidades policiales actuar en forma inmediata para enfrentar las amenazas a la Ciberseguridad y los permanentes atentados.